La agroindustria azucarera ha realizado en los últimos doce años grandes donaciones a los partidos de derechas de El Salvador. En su intento de privatizar el agua, la derecha mantiene en la actualidad paralizada la legislación sobre este recurso, mientras las organizaciones sociales, con un apoyo quizás mayor del deseado de la cooperación internacional, continúan creando conciencia, movilizándose y haciendo frente a un creciente sentimiento de resignación. 

Artículo de Armando Jacinto, Oscar Ruiz y Samuel Ventura publicado en la revista Pueblos. Versió en català en aquest enllaç  “Més sucre significa menys aigua. La financiació de l’agroindústria sucrera als partits de la dreta salvadorenca posa en escac el dret humà a l’aigua”

La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de El Salvador dio a conocer este año la lista de los financiadores de los partidos políticos de este país. Estas listas mostraron dos tipos de donantes: ciudadanos y ciudadanas, por un lado, y personas jurídicas (como empresas, gremiales, asociaciones, sociedades, fundaciones y universidades), por otro. Las donaciones proporcionaron a los partidos $69,259,644.98 (casi 60 millones de euros) en los últimos doce años[1].

De la totalidad de donaciones registradas por el Ministerio de Hacienda, el partido ARENA, de extrema derecha, es el que ha percibido la mayor parte: el 64,2%. Le sigue el FMLN, de izquierda, con el 18,8%; el PCN, de extrema derecha, con el 7,8%; el PDC, también de extrema derecha, con el 5,1%, y GANA, de derechas, con el 3,1%. El 1% restante se reparte entre otros partidos.

La mayoría del financiamiento de ARENA, el partido político que más dinero ha recibido en donaciones en los últimos once años, proviene de empresas. El FMLN recibe el 18% de todas las donaciones, pero el 90% de sus recursos los proporcionan ciudadanos y ciudadanas.

Esta lista ha sido muy reveladora porque ha permitido a la ciudadanía identificar quiénes son los principales financiadores de cada grupo. Así mismo, ha puesto de manifiesto la gran cantidad de dinero recibido por los partidos de derechas por parte de las empresas de la agroindustria azucarera del país.

De acuerdo a la lista, entre 2008 y 2017 las empresas azucareras (entre las que sobresalen CASSA, los Ingenios El Ángel, La Cabaña, Chaparrastique, Jiboa y familias vinculadas a la industria como los Tomás Regalado Dueñas y Tomás Regalado O´Sullivan) desembolsaron al menos $3.2 millones (2,77 millones de euros), siendo el principal receptor el partido de extrema derecha ARENA, que solo en 2013 recibe $1.3 millones (1,12M€), y en 2017, $430 mil (370k€). Ese mismo año los partidos PCN y PDC recibieron $200 mil (172 mil €) y $80 mil (69 mil €), respectivamente.

Agroindustria azucarera y partidos políticos

Curiosamente, los dos momentos (2013 y 2017) en que estas empresas hicieron los desembolsos más grandes a los partidos políticos coinciden con dos acontecimientos en la Asamblea Legislativa relacionados con el tema del agua. La relación del financiamiento de la industria azucarera y todos los partidos políticos de derecha es más que evidente.

En 2013 se hace la presentación de la propuesta de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico, conocida como Ley de los Regantes, cuya autoría fue aceptada (un año después) por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que propuso constituir una autoridad del agua conformada por una mayoría de la empresa privada.

Esto llama mucho la atención porque esta propuesta de Ley hecha por la ANEP (un organismo similar a la CEOE española) entrampa la Ley General de Agua presentada por las organizaciones sociales que conforman el Foro del Agua.

Ya se había discutido hasta el artículo 92 de la Ley General, pero los partidos de la derecha pidieron retomar desde el artículo 10, en el que se define el órgano rector del agua en El Salvador. Hasta la fecha esto sigue siendo un punto de discusión sobre el que no hay acuerdo entre los partidos de derecha, la oligarquía, el movimiento social y el FMLN, porque la derecha busca que la dirección corra a cargo de un organismo autónomo controlado por la empresa privada.

En el año 2017 los partidos de derecha se unen y presentan la propuesta de Ley Integral del Agua, en donde dejan clara, nuevamente, su intención de crear una autoridad con mayoría de funcionarias y funcionarios propuestos por la ANEP, así como de generar condiciones para la privatización de los servicios de ANDA. Esta propuesta es aún más lesiva que la presentada en 2013 y coincide también con un desembolso importante por parte de los financistas de los partidos de derecha (ARENA, PCN, PDC y GANA).

Usos del agua y sector agropecuario

Las estadísticas agropecuarias del Ministerio de Agricultura demuestran que en los años 1996 y 1997 la superficie cultivada con caña de azúcar en El Salvador era de 79,773 m2, mientras que en el año 2015 dicha superficie cultivada ascendía a 120,363 m2, lo que supone un incremento del 50,88%.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales[2], el sector agropecuario demanda actualmente el 54,15% de todo el recurso hídrico. Este sector ocupa el primer lugar, sobre los demás usos del agua.

De las superficies que utilizan riego, el 36% se usa en la caña de azúcar y el 48% para pastos. Entre ambos usos suman el 84% del área total destinada para riego. Además, se prevé que para el año 2022 la demanda de agua para riego tenga un crecimiento del 15,17% para el sector agropecuario.

Según el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico en El Salvador[3], la mayor cantidad de agua contabilizada para riego proviene de ríos. Esto no incluye la gran cantidad de pozos utilizados para el riego de caña de azúcar y pastos que no están contabilizados y no tienen permisos para funcionar. Para hacerse una idea, basta prestar atención al aumento de áreas cultivadas en municipios ubicados en la franja costera del país, donde se perforan pozos sin siquiera ver la afectación a las zonas aledañas.

Con esta información resulta claro que el objetivo que persigue la agroindustria azucarera al financiar a los partidos políticos es defender su interés corporativo para impedir que se apruebe una legislación que tutele el derecho al agua y la alimentación, y así continuar con el despojo del agua en los territorios cultivados con caña de azúcar.

Una nueva correlación de fuerzas

El 4 de marzo de este año tuvieron lugar las elecciones para elegir a las y los diputados y alcaldes para el periodo 2018-2021 en El Salvador. Los resultados finales dejaron una derecha fortalecida dentro de la Asamblea Legislativa, quien, votando en bloque, puede aprobar créditos o elegir a las personas que ocupen las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República. Además, tendrán la posibilidad de superar los vetos del presidente Salvador Sánchez Cerén, todo ello independientemente del voto de la bancada del FMLN.

Es decir, que hasta el 30 de abril de 2018 (una vez que se hizo efectiva la toma de posesión de la legislatura 2018-2021) hubo una legislación con los contrapesos necesarios y que de alguna manera había detenido la propuesta de Ley Integral de Agua presentada por los partidos de derecha, y que como hemos visto representa solo los intereses de sus financiadores.

El único camino que las organizaciones sociales visualizaban era que, si la derecha aprobaba una ley privatizadora, el presidente de la Republica la vetase. Se necesitan 56 votos para superar el veto presidencial. Con la nueva conformación, la derecha puede pasar por encima del veto y del contrapeso que hacen (hacían) los 23 diputados y diputadas del FMLN.

Así pues, con la nueva correlación de fuerzas en el parlamento salvadoreño aumenta el riesgo de que el agua, un derecho humano fundamental, sea privatizada.

Los desafíos del movimiento social

Ante esa situación van surgiendo desde los territorios más afectados espacios de participación de organizaciones sociales que buscan visibilizar la problemática del agua. Esto se ha visto facilitado porque en estos últimos nueve años ha habido más apertura de los entes públicos a proporcionar información sobre lo que estaba ocurriendo.

Hay que puntualizar también que con los fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Fondo del Agua, se pudieron crear el Diagnóstico Hídrico del País, el Plan Nacional Hídrico, el Plan Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Atención a Sistemas Rurales de Agua Potable y el Catastro Nacional de Sistemas Comunitarios de Agua.

Todos estos instrumentos son importantes porque ofrecen una perspectiva de la situación hídrica del país y contribuyen a que se visibilice la problemática y exista más organización desde los territorios para demandar el agua como un derecho. Sin embargo, hay que cuestionar que se invirtieron grandes cantidades de dinero y en su mayoría fueron empresas españolas quienes los elaboraron de una manera que no generaron datos completamente fiables (se hicieron vía internet o por teléfono, sin verificación in situ).

Las organizaciones sociales llevan doce años exigiendo una Ley General de Aguas que no ha sido aprobada debido a los grandes intereses que ya se han mencionado. Falta también un marco jurídico: no hay un canon de pago por el uso que se hace ni control de cuánta agua se extrae de los acuíferos.

Pese al compromiso de las organizaciones que desde los territorios luchan por la defensa del agua, tal vez por no lograr concretarse un marco regulatorio favorable, se ha ido produciendo un desencanto en la población.  Esto se traduce en la reducción de la participación de la gente en movilizaciones, que, hasta cierto punto, siente resignación, que “que no se puede hacer nada”. Es un sentimiento muy negativo, porque genera estancamiento también en la organización, en la movilización y la resistencia, posibilitando que ciertos conflictos territoriales se vayan profundizando y no exista capacidad de denuncia.

Las organizaciones sociales se motivan a mantener la presencia y grados de sensibilización, pero cada vez es más difícil, pues tampoco se disponen de los recursos suficientes para mantener activa esa masa crítica. Esto provoca, en parte, que sea la cooperación internacional la que tenga que mantener estos niveles de actuación, cuando debería de ser un compromiso más natural de las agendas políticas del país.

Puesto que no existe voluntad política suficiente a nivel de partidos, de funcionariado o de estructuras del Estado para dar respuesta a esta situación, no hay duda de que el trabajo y las estrategias que las organizaciones sociales desarrollen será de mucha importancia para generar conciencia en la ciudadanía y no dejar que la nueva Asamblea Legislativa privatice el agua en El Salvador.

(Visited 5 times, 1 visits today)